El 11 de diciembre de 2019, Luana Ketlen, una adolescente de 13 años falleció después de la inducción a un parto prematuro, cuando era trasladada a un hospital en una zona rural en el Estado de Amazonas en Brasil. Luana sufrió violencia sexual por parte de su padre por cuatro años y luego al ser forzada a gestar y parir, murió.
Tanto en Brasil como en Latinoamérica se reproducen situaciones inadmisibles de violencias sexuales hacia niñas-adolescentes. Los cuatro años de tortura hacia la joven lamentablemente no son una excepción en la región y el embarazo no deseado tampoco. En Brasil, según los datos del “Foro Brasileño de Seguridad Pública” revela que, en 2018, el 53.8% de los 66.041 casos de violación tuvieron como víctimas menores de 14 años, lo que significa cuatro niñas fueron violadas, por hora, en el país; y que, en tres de esos casos, el violador es una persona cercana a la víctima.
Por otro lado, entre 2011 y 2016, el Ministerio de Salud de Brasil registró 3.288.599 bebés nacidos vivos de madres adolescentes. De esos, 10.814 fueron casos con notificación de violación, siendo el 30% de madres con edades entre 10 y 14 años y el 69% de madres con edades entre 15 y 19 años. El análisis por raza/color de piel refuerza la condición de desigualdad: adolescentes negras –tanto las de edades entre 10 a 14 años, como las de 15 a 19 años- están más expuestas a la violencia sexual y al embarazo (Ministerio de Salud/2018).
La muerte evitable de Luana, una niña con un futuro por delante, constituye una violación de su derecho a la vida y a la salud, tal como define la Constitución Brasileña y ha reiterado el Comité de la ONU para cumplimiento de la “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, cuando responsabilizó el estado brasileño por la muerte materna de Alyne Silva Pimentel en 2011. La adolescente fue víctima de abuso sexual y de la violencia institucional. Su muerte es el resultado de violaciones flagrantes y sistemáticas de sus derechos sexuales y reproductivos. Luana quedó embarazada después de una violación cometida por su progenitor Tomé Faba de 36 años, quien durante los últimos cuatro años la había obligado a mantener relaciones sexuales bajo amenaza de muerte. Una familiar de la joven detectó la situación y buscó intervención en el Consejo Tutelar, único organismo de asistencia social existente en la comunidad, pero éste no contestó al pedido. Luego, llevó el caso a la policía que expidió una orden de prisión, pero la misma tardó para ser ejecutada y Tomé huyó, siendo arrestado 16 días más tarde, cuando la joven ya había fallecido.
Recién a los siete meses de gestación y con dolores agudos la niña fue, por la primera vez, a un servicio de salud. El médico de guardia diagnosticó anemia profunda y decidió anticipar elparto. Pasado esos procedimientos, el estado de salud de Luana se agravó y falleció antes de subir al avión hacia Manaus.
La muerte de Luana no tuvo gran visibilidad en la prensa nacional brasileña, lo que es, desde ya problemático e inexplicable. Mientras millones de niñas como Luana están potencialmente expuestas a esas violaciones, el gobierno neoliberal de Jair Bolsonaro ataca abiertamente los derechos sexuales y reproductivos, propone políticas moralistas como “abstinencia sexual” y, de manera inadmisible, acusa de “asesinas” a las personas y organizaciones que defienden la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres y adolescentes y su derecho a la interrupción del embarazo (En defensa de jacqueline pitanguy ).
Frente a la violación sistemática de los Derechos Humanos hacemos un llamamiento internacional a los Estados nucleados en la Organización de Naciones Unidas a cumplir con compromisos asumidos y atiendan las múltiples vulneraciones sobre los derechos sexuales y reproductivos como son los abortos inseguros, la mortalidad materna, la alta incidencia de embarazos en adolescentes, las violaciones sexuales, las maternidades forzadas. Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos básicos, los mismos son tan importantes como el derecho a la vida, a la salud y a la libertad.
Por otro lado señalar que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe insta a los Estados a “Implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios de salud sexual y salud reproductiva amigables, con perspectiva de género, derechos humanos, intergeneracional e intercultural”, nuestros derechos no pueden esperar.
Niñas No Madres!
Adhieren:
Sexuality Policy Watch (Observatorio de Sexualidad y Políticas)
Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai)
Campaña 28 de septiembre por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe
Educación sexual para decidir
Anticonceptivos para no abortar
Aborto legal para no morir
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito Argentina.
Niñas madres. La muerte de Luana el resultado de negación de derechos
7 enero, 2020 16 julio, 2020 Prensa