Desde RUDA -Red de Cátedra en Universidades Púbicas Nacionales sobre Educación Sexual Integral y Derecho al Aborto- manifestamos nuestra preocupación por la reciente creación de la diplomatura denominada «Acompañamiento a la Mujer con embarazo vulnerable. Formación para la mujer en situación de aborto».
Se trata de un espacio de formación dirigido a profesionales y estudiantes de ciencias de la salud, derecho, educación, orientación familiar y otras, como así también, agentes de pastoral y de familia, ONG que trabajan con mujeres y público en general. Su programa propone temas de poco basamento científico como el milagro de la vida y con un enfoque moralista como la responsabilidad frente a la vida humana, el binomio madre-hijo, el embarazo inesperado, el derecho a la vida, la contención a la mujer, los cuidados perinatales y la aplicación de políticas públicas.
En su cuerpo docente cuenta con profesionales reconocidos públicamente como antiderechos como es el caso de Carlos Cristian Franco, médico del Hospital Público Materno Infantil y miembro del grupo antiderecho Profesionales por la Vida de Salta o la psicóloga Rosario Recondo y la magister María Marta Luque, quienes integran el Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II, espacio que surgió en febrero de 2005 por pedido del Arzobispado de Salta, entre otros.
La Ley 27.610 establece claramente los estándares que deben seguir las/os profesionales, los equipos e instituciones de salud y las consecuencias de su incumplimiento. Todo el personal de salud es responsable de asegurar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo. La Ley 27.610 es de orden público y de aplicación obligatoria en todo el país. Esto quiere decir que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están obligadas a garantizar el acceso a la interrupción del embarazo y la atención post aborto en sus respectivas jurisdicciones (art. 21) y obligatoria para los tres subsistemas de salud. Es decir, tanto los efectores públicos, las obras sociales, como las empresas y entidades de medicina prepaga que deben instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la Ley 27.610.
La existencia de espacios de formación como esta diplomatura, que pretenden capacitar personas para vulnerar derechos, da cuenta de la necesidad de exigir al Consejo Interuniversitario Nacional la implementación de la ley 26.150 de Educación Sexual Integral en el nivel universitario, con perspectiva de género y de derechos. Desconocer el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la propia vida, así como también, obligar a las personas a gestar y a parir es violencia y no deben ser contenidos formativos en ningún nivel educativo.
Desde RUDA reclamamos una vez más:
.¡Qué el derecho al aborto sea un contenido obligatorio de la ESI! ¡Qué la ESI se implemente en el nivel superior y en todos los niveles educativos!
.¡Qué la ley Micaela se implemente con los/as trabajadores/as de la educación de todos los niveles educativos!
.Basta de objetores de conciencia y profesionales antiderechos.
.Separación de las iglesias del Estado y de las instituciones educativas.
.Plena implementación de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo.
Contacto:
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