Para respetar la autonomía y los derechos humanos de las mujeres Argentina debe modificar las leyes que criminalizan el aborto.
Por Gabriela Barcaglioni
Las consecuencias que la penalización del aborto genera en la vida y el cuerpo de las mujeres así como la afirmación de que se trata de un problema de salud pública y derechos humanos fueron los ejes centrales del debate iniciado en la Comisión de Legislación Penal el pasado 30 de noviembre.
La jornada, calificada como histórica y sin precedentes en el debate parlamentario argentino, se realizó en la sala 1 del Anexo de la Cámara de diputados y contó con la participación como expositora invitada de Marianne Mollman, experta legal de Human Right Watch.
“La criminalización del aborto lleva a las mujeres a medidas desesperadas y a las clínicas a funcionar con poco respeto por las mujeres” que cuando llegan a los hospitales “los funcionarios las menosprecian”, enfatizó Mollman.
La especialista acompañó cada una de sus afirmaciones con datos concretos y relatos sobre su experiencia directa con mujeres de diversos países a las cuales entrevistó para realizar sus informes sobre la temática.
La alocución de Marian Mollman hizo eje en que la ilegalidad del aborto no disminuye la práctica solo aumenta los riesgos para las mujeres que pasan por esa instancia en condiciones de clandestinidad con graves efectos para su salud llegando a la muerte en la mayoría de los casos.
También lo planteó como una cuestión de salud pública y derechos humanos; una limitación al ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y la calidad democrática de los países que lo prohíben.
Habló del aspecto económico que encierra la ilegalidad del aborto e hizo mención a los tratados internacionales firmados por Argentina a partir de los cuales debería ajustar su legislación nacional.
Detalles de la jornada
El diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) que preside la citada comisión se comprometió a continuar con la modalidad de consultas a especialistas y respondió al pedido de varias legisladoras para incorporar en la agenda parlamentaria el tema.
Cabe destacar que la reunión se centró en el Proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que deberá tratar la Comisión y es el que mayor cantidad de adhesiones cuenta de los que ingresaron a la Cámara.
El diputado Juan Pablo Tunesi y la diputada Sandra Riobó manifestaron su decisión de adherir al proyecto de la Campaña durante el debate.
Participaron también de la reunión integrantes de las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia presidida por Claudia Rucci (Peronismo Federal), Acción Social y Salud Pública presidida por Antonio Morante (Frente para la Victoria).
Tras la intervención de Mollman diputados y diputadas de diversas extracciones políticas plantearon algunas preguntas: Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), María Luisa Storani (UCR), Cecilia Merchán (Libres del Sur), Silvia Storni (UCR), Juliana Di Tullio( Frente para la Victoria), Marcela Rodríguez y Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica), Miguel barrios (Socialista).
Por su parte Diana Maffia (CC) y María José Lubertino (Encuentro Popular para la Victoria) ambas diputadas porteñas expresaron sus posiciones favorables al proyecto.
En notoria minoría las diputadas Ivana Bianchi (Peronismo Federal) y Cynthia Hotton (Valores para mi país) expresaron su oposición al proyecto.
Estela Díaz, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto hizo uso de la palabra en representación de las 280 organizaciones que accionan para lograr la sanción del proyecto.
Describió el momento como “sumamente esperado e histórico” además de considerar que la ilegalidad del aborto es una “enorme deuda con las mujeres”.
“La penalización del aborto resulta incompatible con el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”
Las prácticas clandestinas e inseguras crea un problema de Salud Pública e inciden en los índices de mortalidad materna en el país explicó la especialista invitada, Mollman.
Al respecto indicó que el 20% de las muertes por emergencias obstétricas registradas oficialmente en Argentina fueron provocadas por las consecuencias que implica un aborto inseguro.
Además de señalar que la principal causa de mortalidad materna, según informó recientemente el ministerio de Salud de la Nación corresponde a los abortos inseguros.
Al explayarse sobre la relación entre criminalización del aborto y el ejercicio de los derechos humanos remarcó insistentemente que “la penalización del aborto resulta incompatible con el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres” y “su acceso resulta esencial para el disfrute y el ejercicio efectivo” de tales derechos.
“La penalización del aborto lejos de desincentivar la práctica la vuelve más insegura”, manifestó Mollman que seguidamente argumentó precisando que “el 40% de los embarazos terminan en un aborto”
Interpeló a la audiencia afirmando que cada uno de las personas allí presentes conocían al menos una mujer que ha tenido por lo menos un aborto.
“Estoy segura que esas mujeres y niñas, vuestras hermanas, hijas, esposas, madres, amigas, no se tomaron la decisión de interrumpir un embarazo a la ligera. Estoy segura de que hubieran preferido no necesitar un aborto. Ninguna mujer se embaraza para abortar”, concluyó.
Recordó las observaciones que le hicieron al país los Comités de Derechos Humanos y del Niño de la ONU que revisan la aplicación de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW) para que modifique su legislación restrictiva que impide el acceso a la anticoncepción y el aborto.
Dijo al respecto que “Argentina debe modificar su legislación para evitar embarazos no deseados que provocan la muerte por abortos”, sobre todo en las mujeres más pobres.
Frente a una pregunta de la diputada Hotton sobre el derecho a la vida del embrión explicó que es una interpretación errónea sostener que la Convención Interamericana de Derechos Humanos protege la vida desde el momento de la concepción.
Dijo que “la intención de los redactores fue permitir que haya legislaciones domésticas que permitan el aborto”.
Explicó por qué el término «en general» que incluye el Pacto de San José de Costa Rica en relación a la defensa de la vida desde el momento de la concepción no es restrictiva sino por el contrario deja abierta la posibilidad a cada país firmante para que se de su legislación sobre aborto.
Remarcó que ninguna legislación internacional sobre derechos humanos plantea el derecho a la vida del embrión porque no existe acuerdo en su definición, si se puede hablar de cuando comienza la vida pero no cuando se inicia el ser humano (sujeto de derecho). Vida hay en muchas partes, afirmó.
Ver/Descargar versión taquigráfica de la audiencia
Video realizado por Telam: «El debate sobre el aborto continuará en 2011»
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Debate histórico en el Congreso Nacional Etiquetado en:Congreso Nacional debate por el aborto legal Marianne Mollman Campaña 7 diciembre, 2010 Actividades, Noticias